Ilustración por Loop Art

La Constitución Politica de la República data de 1980, año donde, en plena dictadura militar en Chile, se consagró de forma antidemocrática. Todo nuestro ordenamiento jurídico debe respetar y atenerse a los principios establecidos en ella, sumado a que establece la organización del Estado, sus instituciones, nuestro sistema económico, nuestros derechos y deberes.

Como resultado, vivimos en una sociedad neoliberal, individualista y mercantil caracterizada por la profunda desigualdad y las injusticias, un tejido social herededro de la imposición del actual ordenamiento jurídico.

Pese a las reformas constitucionales de 2005 en la administración del Presidente Ricardo Lagos, en las elecciones presidenciales de 2009 muchos ciudadanos marcaron en su voto una nueva constitución o, derechamente, asamblea constituyente, y las discusiones sobre reemplazarla durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. De hecho, la propuesta del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) para encauzar el proceso constituyente dentro de la institucionalidad vigente supuso la aprobación de dos leyes de reforma constitucional y nada menos que con un quórum de dos tercios de diputados y senadores en ejercicio. Ambos proyectos fracasaron. 

La Constitución fue creada para protegerse a sí misma. Se necesitan altos quorums para modificarla, sumado a la categoría de Ley Orgánica Constitucional que, pese a no ser parte de la Constitución, también requiere altos quorums para modificar las existentes, muchas de las cuales fueron promulagadas por la dictadura meses y días antes de dejar el poder. Además, el Tribunal Constitucional entra en múltiples choques con las decisiones del parlamento democráticamente electo.

Esto merma la democracia, pues obstaculiza el debate y decisión política, inhibe el derecho del autogobierno ciudadano y promueve el hiperpresidencialismo y la centralización del país, con regiones extremádamente vulnerables y débiles. Paradójicamente, la actual Constitución tiene como correlato la disminución del rol del Estado, de modo que progresivamente nuestros recursos naturales, bienes públicos y servicios han sido privatizados.

Nuestra actual carta magna es uno de los principales obstáculos para avanzar en nuestras demandas ciudadanas por justicia social, dignidad y una democracia más participativa

Producto de las manifestaciones ciudadanas iniciadas en octubre de 2019, la sociedad civil se levantó y reivindicó su derecho de crear y decidir de forma autónoma y democrática su propia constitución política.

Finalmente, esta oportunidad histórica tendría su hito fundamental el 26 de abril de 2020 en el llamado “plebiscito de entrada”.

Esto consiste en diversas etapas del proceso constituyente:

  1. Plebiscito Nacional o de entrada: con dos papeletas donde se pregunta ¿quiere usted una nueva Constitución Política de la República?, donde las opciones son «apruebo» (si gana, se inicia el proceso para redactar una nueva Constitución) y «rechazo» (si gana, se mantiene la actual Constitución); y ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución Política de la República?, donde las opciones son «Convención Mixta Constitucional» (integrada en partes iguales por personas de la sociedad civil elegidas democráticamente y parlamentarias y parlamentarios en ejercicio) y «Convención Constitucional» (integrada exclusivamente por personas de la sociedad civil elegidas democráticamente).
  2. Elección de Constituyentes: De triunfar la opción «apruebo», el mismo día de las elecciones municipales se elegirán a las personas que integraran la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
  3. Funcionamiento de la Convención elegida: durante nueve meses, extendible hasta tres más, se trabajará en la nueva Constitución, donde los acuerdos se alcanzarán con un quórum de 2/3.
  4. Plebiscito Constitucional o de salida: Sesenta días después de la presentación de la nueva Constitución terminada, se votará de forma obligatoria si se aprueba o no la nueva carta magna. Si triunfa el «apruebo», la nueva Constitución entrará en vigencia, derogando la Constitución actual; si triunfa el «rechazo», no hay nueva Constitución.

Los líderes de la mayoría de los partidos políticos de Chile acordaron postergar al 25 de octubre el referéndum constitucional previsto para el 26 de abril debido a la crisis de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, algunos partidos oficialistas y el mismo gobierno ha manifestado que debería incluso volver a postergarse de forma indefinida.

Ilustración por El Unicornio que dibuja

El debate constitucional y por transformaciones profundas en nuestro país no terminan con el establecimiento de una nueva Constitución Política, sino que es un medio para avanzar en una transformación cultural, donde en tanto sujeto político, el pueblo tiene un poder de agencia en la toma de decisiones que articulan nuestras vidas y de la de quienes nos rodean.

Este proceso constituyente debe ser definitivo e irreversible, pues estamos reconfigurando la idea misma de un Estado y del poder de las personas. Una Constitución legítima pasa por la participación equitativa de todos los actores de la sociedad de forma representativa y democrática, donde nos reconocemos como iguales.

La Constitución Política actual impide que el Estado regule, fiscalice y sancione delitos económicos como colusiones, evasiones y elusiones tributarias. Ello ha permitido la concentración del poder económico y promovido la corrupción. 

Tampoco puede cumplir su rol social en garantizar un sistema educativo, de salud y de vivienda dignos y de calidad, así como un medioambiente libre de contaminación, protección y derechos a nuestros pueblos indígenas, de nuestra flora y fauna, y de los ecosistemas. Podemos contar con las manos las líneas dedicadas a los derechos a salud, educación, seguridad social, propiedad, trabajo y pensiones, profundizando las asimetrías entre los dueños y los subordinados, el proveedor y los clientes, el fuerte y el débil, porque eso somos en Chile, consumidores desprotegidos en la medida que podamos pagar para vivir.

Un Estado tan pequeño e incapaz deja en manos del mercado estas problemáticas fundamentales para la vida, así como mantenernos con muy bajos niveles de inversión y promoción de la ciencia y la tecnología, desarrollo sustentable, mayor competitividad y distribución del ingreso.

Finalmente, las mujeres y nuestros derechos son completamente invisibilizados y negados. Esto nos deja en una total vulnerabilidad ante violencias tales como interrupción del embarazo en condiciones inseguras, arriesgando penas de cárcel, violencia doméstica, feminicidios, acoso en todos los espacios, identidad de género, propiedad y herencia, desigualdad y brecha salarial, salud materna y protección social.

Ilustración por Espacio Grumoso

Tenemos muchas cosas que mejorar y transformar para vivir en el país que soñamos, pero junto a nuestras amigas ilustradoras queremos establecer algunos puntos centrales por los cuales es necesaria una nueva Constitución Política, representados por Sorité y sus amigas.

Sorité: Quiero una nueva Constitución por una vejez digna

El actual sistema de pensiones y la falta de seguridad social para les adultes mayores, sumado al creciente envejecimiento de la población, tienen a las personas de tercera en un situación extremadamente vulnerable, con pésimas condiciones de vida, salud y cuidado, incapaces de acceder a sus medicamentos y tratamientos médicos adecuados, teniendo que trabajar en empleos muy precarios por pensiones muy bajas, problemas de salud mental, entre otros.

Un nuevo sistema basado en la seguridad social, con énfasis en la solidaridad, reparto y dignidad, les dará a nuestres adultes mayores la buena calidad de vida que merecen.

Ilustración por Camila Valencia

Frida: Quiero una nueva Constitución por una educación digna y de calidad

El derecho a la educación gratuita, digna y de calidad debe ser garantizado para todas las personas, sin estar condicionada al ingreso económico y clase social. Nuestra educación en todos los niveles debe tener un fuerte énfasis en la paz, democracia, justicia, libertad, sustentabilidad e igualdad.

Ilustración por Marta Barrales

Eloísa: Quiero una nueva Constitución por una salud digna

En la actualidad, nuestra salud está determinada por nuestra capacidad económica, lo que deriva directamente en el deterioro de nuestras vidas. Necesitamos un Estado garante de un sistema de salud de calidad, integral y accesible para todas las personas, a través de políticas públicas que promuevan el buen vivir, la salud física, mental y emocional, con protección financiera, financiamiento de medicamentos y cobertura universal para todes.

Ilustración por Denisse Leveke

Simone: Quiero una nueva Constitución porque el agua limpia sea un derecho

La Constitución actual no garantiza el acceso al agua como un derecho humano, de modo que la privatización de este recurso vital, sumado al actual Código de Aguas, las sequías y otros fenómenos, como la planificación ciudadana y agrícola, ha resultado en que muchas personas no tengan acceso a agua limpia para su consumo y el de su agricultura familiar.

Una nueva Constitución permitirá proteger nuestras fuentes de agua y garantizar su acceso universal como un derecho humano fundamental.

Ilustración por Hello Mabel

Simone: Quiero una nueva Constitución por una vivienda digna

La actual Constitución establece el derecho a la propiedad, pero no la vivienda digna. Los precios inalcanzables de las viviendas en Chile, que aumentan, pero sin aumentar también los ingresos de las personas, han derivado en la disminución de las tasas de propietarios, aumento de arrendatarios, personas allegadas, campamentos y departamentos conocidos como «nanodepartamentos» y guetos verticales. El desarrollo urbano no está regulado eficientemente y el mercado inmobiliario genera, especulación, múltiples abusos, segregación y desigualdad.

Los territorios urbanos están creciendo excesiva e inequitativamente y la vivienda se ha transformado en un bien de consumo, una mercancía, en vez de primar su valor social como lugar de buen vivir.

La nueva Constitución debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada y digna, prestando especial atención a las personas históricamente más violentadas de nuestra sociedad, como las mujeres, niñes y adultes mayores. Esto también involucra el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Ilustración por Paulina Rosso – Loka Medias

Usaigi: Quiero una nueva Constitución que prevenga y sancione los abusos contra la ciudadanía

La nueva Constitución debe significar una refundación democrática, donde se promueva la transparencia y el gobierno abierto, para que la ciudadanía pueda fiscalizar y acceder a rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos y autoridades públicas en ejercicio.

En términos de las decisiones públicas, nuestro actual sistema democrático pierde su capacidad de representación, pues privilegia la toma de decisiones de la minoría. Las acusaciones constitucionales y sumarios administrativos han demostrado ser herramientas deficientes y defectuosas.

El Tribunal Constitucional interviene excesivamente en el Parlamento y, al mismos tiempo, no contamos con un Estado fiscalizador y sancionador a través de organismos tales como un Defensor del Pueblo, sino que las sanciones solo recaen en los Tribunales de Justicia.

Ilustración por Frufrú

Milky: Quiero una nueva Constitución para que los derechos de la mujer sean garantizados y respetados

La nueva Constitución debe garantizar la igualdad plena entre todas las personas, sin importar su sexo e identidad de género, donde avancemos en la redistribución del poder en todos los ámbitos. Además, establecer instituciones y políticas públicas efectivas que luchen contra la violencia laboral, sexual, doméstica, simbólica, así como entregar herramientas de desarrollo personal, comunitario y educativo con enfoque de género, pues en la actualidad vivimos en un país que no nos protege y nos invisibiliza, siendo uno de los pocos en el mundo sin derecho universal a la interrupción del embarazo y en los primeros lugares de brecha de género en la esfera laboral y política.

Ilustración por Conifran

Virginia: Quiero una nueva Constitución que proteja nuestros ecosistemas y especies nativas

Necesitamos una nueva Constitución donde el Estado pueda tomar acciones concretas y efectivas contra los efectos del cambio climático y la crisis ecológica que pone en alto riesgo nuestras vidas y de las futuras generaciones, así como de nuestra naturaleza y todes les seres que la conforman.

Un medioambiental limpio y saludable, bienes públicos protegidos, restitución de la naturaleza, bajo un modelo de desarrollo sustentable son ejes claves de nuestro futuro.

Ilustración por Javiera Quimera

Paz: Quiero una nueva Constitución que nos reconozca a todes

Casi un 20% de la población se encuentra con algún tipo de discapacidad y una nueva Constitución debe asegurar su reconocimiento.

Necesitamos políticas públicas que implementen la infraestructura necesaria, acceso a la información y material adaptado a las diferentes necesidades como el sistema braille, lenguaje de señas o preparado para que personas con discapacidad cognitiva lo puedan desempeñarse plenamente en la sociedad, así como transporte gratuito y accesible en todo el país, derechos laborales a las personas cuidadoras y escaños reservados en el Parlamento.

Por otro lado, de acuerdo con el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, el 56% de la población trans chilena ha intentado quitarse la vida; un 48% entre los 11 y 15 años y el 87% de las personas trans menores de 18 años intentaron suicidarse debido al cuestionamiento de su identidad.

La Ley de Identidad de Género, entrada en vigencia el 27 de diciembre de 2019, es solo una de las muchas transformaciones sociales, culturales e institucionales que necesitamos en nuestro país para garantizar a todas las personas el reconocimiento y ejercicio de sus derechos plenos de forma multisectorial, como el educativo, cultural y de bienestar social.

Las prácticas discriminatorias y violentas contra las personas trans se mantienen, y una nueva Constitución debe garantizar la promoción e implementación de leyes, políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ y su aceptación social, visibilización, conscientización y diálogo abierto sobre la multiplicidad de identidades, sus experiencias y sus luchas.

Ilustración por TopoPanda

Ilustración por Constanza Álvarez – Pajarito Bang Bang

Este último año nos ha enseñado que todo puede cambiar y el futuro es cada vez más incierto, y por lo mismo debemos profundizar el debate en comunidad y la participación ciudadana de todas las formas posibles, pues con un Estado social y democrático de derecho, que termine con el Estado mínimo y subsidiario actual, podremos enfrentar de mejor manera crisis futuras y vivir en un nuevo modelo de desarrollo que nos garantice un mejor vivir.

Necesitamos un nuevo contrato social que garantice la dignidad, solidaridad, igualdad y libertad, y para lograrlo es fundamental mantenernos movilizades para dar el primer paso: votar apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito.

Agradecemos a nuestras amigas ilustradoras de nuestra red del Club de Té por participar en este post.

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