Texto por Constanza Jorquera e ilustración por Rey Conejo
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Tiene su origen en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional, visibilizando y creando consciencia acerca de los riesgos derivados del aborto inseguro y clandestino, que constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región y, en promedio, toma la vida de más de seis mil mujeres al año.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo y se producen 121 millones de embarazos no deseados cada año. Pocos países con abortos legales y seguros, demasiadas mujeres, niñas y personas gestantes que no quieren dar a luz se ven obligadas a permanecer embarazadas, y, lamentablemente, en el sur global donde nos encontramos aún muchos países criminalizan su interrupción. En el caso de América Latina, 95% de los abortos realizados son inseguros.
El aborto inseguro y clandestino representa el 13% de la mortalidad mundial para mujeres y personas gestantes, con sobrevivientes que viven con complicaciones a largo plazo, incluidas problemas de salud mental, la infertilidad y el dolor crónico, además de obstaculizar el acceso a oportunidades para lograr sus objetivos de vida.
La incidencia de abortos inseguros es mucho mayor en los países donde la práctica es ilegal porque esta restricción lleva a las mujeres a recurrir a instancias clandestinas. Sabemos que son las mujeres, niñes y personas gestantes marginadas y violentadas estructuralmente, que a menudo viven en la pobreza y en zonas rurales, quienes pagan el mayor precio y corren el mayor riesgo de sufrir un aborto inseguro y la muerte.
Los productos y servicios de salud sexual y reproductiva ya son limitados en muchos lugares y cada vez es más difícil acceder a ellos durante el contexto de pandemia. El acceso a la anticoncepción eficaz y atención médica integral es fundamental para evitar un aumento de los embarazos no deseados y los subsiguientes abortos inseguros.
Desde que somos niñes y adolescentes, estoy segura, se nos inculca el terror al embarazado temprano y cuando tomamos consciencia que vivimos en un país donde podemos ser perseguidas, encarceladas e incluso morir por tomar la decisión de interrumpir el embarazo, el panorama se vuelve mucho peor. Personalmente, siempre he tenido temor, una pesadilla de que alguna amiga y yo misma podamos necesitar un aborto y arriesgar nuestras vidas... básicamente ser mujer supone vivir con miedo e impotencia y me pregunto mil veces por qué, por qué todo es tan injusto y, aunque se la respuesta, me niego a resignarme por la realidad sistémica que nos controla.
Vemos usualmente en los medios de comunicación, personas que se llaman conservadoras, "defensoras de la vida", opinando sobre nuestros cuerpos como si fuéramos una vasija reproductora, hecha para parir porque "es nuestra función biológica", obstaculizando y negando políticas para una vida más digna, mientras las mujeres y personas restantes sufren las consecuencias de acciones de personas que jamás tendrán que pasar por episodios traumáticos o morir en la clandestinidad.
El proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, violación y cuando esté en riesgo la vida de la madre, entró en vigor recién en 2017. Sin embargo, la violencia sistémica continúa, principalmente en aquellos tomadores de decisiones a nivel médico y político-institucional, a partir criterios religiosos y morales, en un Estado supuestamente laico, por sobre la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
Nos seguiremos movilizando en todos los espacios para que en Chile y en el resto del mundo, los Estados garanticen el aborto libre, seguro y gratuito. Hoy, 28 de septiembre de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar sobre la despenalización del aborto, lo cual es un pequeño paso pero significativo.
No olvidemos que el Estado chileno ha ratificado una serie de convenios de Naciones Unidas en los cuales se le insta a revisar la actual normativa que rige el aborto y, al mismo tiempo, garantizar las condiciones de salud de las mujeres y personas gestantes que sufren complicaciones producto de abortos practicados en clandestinidad.
El acceso al aborto seguro es una atención médica esencial es un derecho humano que está consagrado en múltiples tratados internacionales, regionales y nacionales vinculantes. Como feministas debemos reafirmar nuestro compromiso con la autonomía sexual y reproductiva, donde el acceso a servicios sanitarios de aborto seguro es un derecho humano básico y no negociable, el cual debe garantizar la protección, respeto, privacidad y cuidado, pues ha sido gracias a la lucha histórica del movimiento que hemos conquistado derechos.
Infórmate sobre las iniciativas ciudadanas, conversa con las mujeres y personas gestantes en tu comunidad, apóyalas y movilízate como puedas.